La Comisión de Medio Ambiente aprobó y despachó el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (boletín 9.404). El texto ahora tendrá que ser analizado por sus pares de Agricultura y Hacienda.
En la sesión se respaldó el régimen del personal del nuevo servicio y lo que restaba de las prohibiciones de las actividades a realizar dentro de las zonas resguardadas.
Además, el grupo parlamentario rechazó las propuestas que buscaban modificar el Código Minero.
El proyecto crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuyo objeto será la conservación de la biodiversidad del país, a través de la gestión para la preservación, restauración y uso sustentable de genes, especies y ecosistemas.
Entre sus funciones estará gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, administrar las áreas protegidas del Estado y supervisar la administración de estas, así como fiscalizar las actividades que se realicen en ellas.
Asimismo, elaborar y coordinar la implementación y fiscalización del cumplimiento de los planes de recuperación, conservación y gestión de especies; los planes de prevención, control y erradicación de especies exóticas invasoras y los planes de restauración ecológica, entre otras.
Entre las tareas del servicio estará el monitoreo de los ecosistemas terrestres y acuáticos, marinos y continentales, así como de las especies y su variabilidad genética. Este monitoreo tendrá el fin de generar información sistemática sobre la biodiversidad en sus distintos niveles, su estado, servicios ecosistémicos, entre otros, a escalas nacional, regional y local.
La norma aprobada también crea el Fondo Nacional de la Biodiversidad, destinado a financiar proyectos de conservación, principalmente fuera de las áreas protegidas del Estado, tales como actividades de investigación, capacitación, monitoreo, restauración, control de amenazas, acciones de conservación de especies fuera de sus hábitats y ecosistemas, prácticas productivas sustentables, entre otras actividades de gestión privada para la conservación de la biodiversidad y la mantención o recuperación de servicios ecosistémicos.
El proyecto también crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, constituido por el conjunto de áreas protegidas, del Estado y privadas, terrestres y acuáticas, marinas y continentales, como por ejemplo, los parques y reservas nacionales, y las áreas de conservación de pueblos indígenas.
El servicio tendrá dentro de sus potestades la elaboración, aprobación e implementación del respectivo plan de manejo y plan de uso público, como también el otorgamiento de los permisos, concesiones y cesiones de uso.
En cuanto a las prohibiciones en áreas protegidas, se estableció que ninguna persona ajena a la administración del área protegida podrá, por ejemplo, movilizarse en vehículos motorizados o no motorizados en lugares que no estén establecidos para estos fines, volar drones, o alterar, remover, rayar, destruir o extraer piezas u otros elementos con significación histórica o arqueológica.
Los futuros funcionarios del servicio se regirán por las normas del Código del Trabajo y las especiales de la futura ley. Además, estarán sujetos a las normas de probidad y los deberes y prohibiciones establecidos en las Bases Generales de la Administración del Estado, y de la normativa de Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
Asimismo, estarán afectos a responsabilidades administrativas, sin perjuicio de las civiles o penales que pudieran afectarles por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones.
La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, destacó la importancia de la aprobación del cuerpo legal en el contexto de crisis climática y el trabajo responsable de las y los diputados de la Comisión.
Finalmente, la instancia designó al presidente de la misma, diputado Ricardo Celis (PPD), para informar el texto en la Sala.