El proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas (boletines 13.195 y 13.746) que amplía el plazo para que los municipios puedan resolver la situación de sus plantas municipales pendientes, retorna a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en segundo informe.
En su discusión en Gobierno Interior, la instancia optó por descartar tres indicaciones presentadas en la Sala por la diputada Karin Luck (RN) y aprobó, en forma unánime, una indicación de la diputada Joanna Pérez (DC) que fue respaldada en forma transversal.
La modificación consideró la opinión de la carta enviada a la instancia por Maryorie Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Sagrada Familia, que detallaba un proceso de casi un año que aún se encuentra en trámite para la toma de razón de Contraloría, para el proyecto de reglamento que fija una nueva planta (30 diciembre de 2019).
La indicación aprobada señala que, “excepcionalmente, aquellos reglamentos que sean publicados hasta 60 días posteriores a la publicación de la presente ley, entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial”.
En la sesión, el subsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, Miguel Moreno, valoró el aporte de este proyecto que fija un nuevo plazo para 2022 y que permitirá que cerca de 100 municipios solucionen el tema de sus plantas.
Resaltó que, alrededor de 50 casos, dan cuenta de concejales se opusieron a la propuesta de planta del alcalde y reclamaron ante el Tribunal Electoral Regional (TER). Mientras que, del resto, algunas se encuentran en Contraloría y otras no tienen recursos o no alcanzaron a realizar una nueva planta municipal.
La Comisión también analizó el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, en materia de cierre e instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad (boletín 13.885).
Sobre la materia expuso el vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de Puente Alto, Germán Codina; y el representante del Ministerio de Vivienda, Gonzalo Gacitúa.
El alcalde Codina explicó que, en el último tiempo, Contraloría ha obligado al retiro de cierres en pasajes que no tienen acceso y salida por el mismo lugar.
A su juicio, ha existido un perjuicio en la seguridad de los vecinos, lo que calificó como complejo porque se contrapone el derecho a la seguridad de las personas con el derecho a la libre circulación.
Por otra parte, indicó que existen diferencias entre condominios de propiedades, que pueden administrar vías internas de ingreso y salida, y viviendas sociales, que contaron con subsidios del Ministerio de Vivienda y que no contemplan la posibilidad de administrar los accesos y salidas de esas áreas.
Además, Codina dijo que son contrarios a la restricción de 50 metros de longitud en vías de más de un acceso y salida, porque hay algunas que superan ese límite.
Por otra parte, se manifestó a favor de rebajar de 90 a 75% de aprobación de los vecinos que habitan en el lugar, para determinar el cierre. Además, pidió que se considere la regulación de pasajes existentes que cumplen la norma para evitar el litigio en Contraloría.
En tanto, Gonzalo Gacitúa indicó que el límite de 50 metros es complejo, porque la mayoría de los pasajes tiene 100 metros y más, lo que perjudica el objetivo que propone este proyecto de ley.
Asimismo, el representante del Minviu señaló que las ordenanzas municipales pueden determinar cuántas y cuáles vías locales se pueden cerrar sin afectar la trama vial y la libertad de desplazamiento.
En próximas sesiones, la instancia espera invitar al contralor de la República, a la subsecretaria de Prevención del Delito, a la Cámara Chilena de la Construcción, a la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) y a un académico experto en urbanismo.
El grupo parlamentario también abordó el tema de las dos mociones refundidas que modifican la Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinio, para habilitar el voto por correo (boletín 13.729) y anticipado (boletín 13.772) para personas que tengan imposibilidad de trasladarse al local de votación.
Sobre el asunto, el subsecretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, explicó que el Ejecutivo prepara una indicación que fue consensuada con el Servicio Electoral (Servel), lo que provocó un retraso legítimo por las diversas opiniones de los integrantes del Consejo.
Agregó que la indicación debe ser enviada a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y, luego, contar con autorización del Presidente de la República.
Por ello, recomendó a la Comisión que el proyecto pase a Sala para su aprobación en general y que, seguidamente, retorne a la instancia para analizar la modificación que planteará el Gobierno.
Ossa agregó que han considerado que las Fuerzas Armadas sea uno de los grupos que vote anticipadamente y que analizan con el Ministerio de Defensa cómo operativizar su participación, ya que no todos pueden concurrir en una sola jornada. Agregó que se analiza si se aplicará esto para abril o para una elección siguiente.
En la instancia se manifestaron a favor de lo propuesto y extendieron hasta hoy, martes 15 de diciembre, el plazo de indicaciones parlamentarias y para decidir si comenzarán a votar en particular algunos aspectos de la iniciativa.