Investigadora sobre fiscalización a inversiones de AFP elabora informe de conclusiones
Un único informe de conclusiones y propuestas espera consensuar la comisión investigadora de las actuaciones de la Superintendencia de Pensiones, la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, en la fiscalización de las inversiones de las administradoras de fondos previsionales (AFP).
La instancia abordó un texto presentado por el presidente de la Comisión, diputado Rodrigo González (PPD), que recoge parte de las observaciones realizadas por diversos invitados.
El grupo parlamentario acordó, además, sesionar el próximo miércoles y jueves para unificar el texto que será presentado ante la Sala de la Cámara.
El documento hoy revisado concluye que el sistema de pensiones se desvió de su objetivo principal, que es “pagar pensiones suficientes y dignas a sus afiliados”.
Señala que “las instituciones públicas que el Estado creó para cumplir el objetivo de proteger e implementar los ahorros de los trabajadores, fracasaron y no cumplieron diligentemente su labor”.
En ese contexto, se consideraron ocho puntos principales. Entre ellos, se apunta a un estancamiento y disminución de las tasas de cobertura y se sostiene que las prestaciones y beneficios previsionales se deterioraron.
Al mismo tiempo, se añade que los riesgos y fluctuaciones se trasladaron a los cotizantes. De igual modo, se considera que los costos de administración (respecto del sistema anterior) son mayores, reduciendo con ello los beneficios.
“En Chile, el costo de administración era de 8% en la época del seguro social, como porcentaje de las cotizaciones, según un estudio de la OIT. Y este se elevaba a 19,5%, en el año 2010”, puntualiza el documento.
Se menciona que los costos fiscales del sistema son muy elevados. Ello obliga al Estado a complementar las pensiones mediante subsidio. Además, se acusa debilidad en la gobernanza y capacitación. En tal plano, se estima que la “institucionalidad ha fracasado en este esfuerzo”.
El texto también aborda una serie de responsabilidades y fiscalización. En ese sentido, se explicita que “solo un cambio estructural abre paso a cambios”.
Se recomienda analizar las responsabilidades que recaen sobre el superintendente de Pensiones. Con ello, también se evidencia que el director del Servicio de Impuesto Internos no respondió a los oficios enviados por parte de la Comisión.
Como medida inmediata, se solicita al Ministerio Público abrir una investigación sobre lo expuesto.
Dentro de las medidas inmediatas, se propone a la Sala votar de manera separada la idea de discutir un pronunciamiento sobre autocrítica pública.
Tras la exposición, parte del grupo parlamentario propuso hacer observaciones al documento. La idea es consensuar un texto que englobe las diferentes posturas en relación con el objetivo principal.