Los desafíos con que conviven habitualmente la mayoría de nuestros compatriotas, han sido acompañados por un debate constitucional que nos sumió en interrogantes tan diversas como la relación con los pueblos originarios, las características de nuestro sistema político, la definición de los derechos fundamentales, y de cómo enfrentar el acelerado cambio climático, entre otras materias.
Hoy, luego de los resultados del plebiscito de salida, vemos que la discusión se centra en el cómo, y no el porqué. Así, se revalorizan los temas llamados “ciudadanos”, los temas que la ciudadanía espera se resuelvan con prontitud, como tener una mejor salud, pensiones adecuadas y educación de calidad. Estos temas parecen ser los medulares, pero ni siquiera están en el debate de quienes nos representan ni en el ejecutivo ni en el legislativo, esto es particularmente complejo ya que la contracción económica y la crisis de seguridad ciudadana, no harán más que amplificar la complejidad del momento de cambios que sigue enfrentando nuestro país.
Frente a esta realidad, las universidades estamos llamadas a jugar un rol significativo. Habituadas al diálogo reflexivo, a la diversidad y a la argumentación serena y respetuosa, nuestra tarea es contribuir a crear las condiciones adecuadas para que los procesos que se desarrollan, y que están siendo evaluados por la ciudadanía, puedan comprender el entorno en que estamos viviendo, y facilitar así los acuerdos y la construcción de un proyecto compartido.
En lo que se refiere al perfeccionamiento de nuestra educación superior, si se proyecta en la profundización de derechos en una próxima carta fundamental, creemos que este texto debe proteger y proyectar la larga tradición de complementariedad estatal y privada que ha hecho de nuestras universidades una de las principales riquezas de Chile, junto con garantizar un acceso en igualdad de condiciones para todos los jóvenes del país.