El Gobierno de Chile ha anunciado su decisión de presentar antecedentes ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación "Venezuela 1", un proceso que examina presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro y altos mandos de su gobierno. La acción se centra especialmente en el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, un crimen que se podría considerar parte de un ataque sistemático contra la población civil, lo que calificaría como un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la CPI.
Este movimiento representa un respaldo significativo a los mecanismos del Derecho Internacional en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad. Chile aportará las pruebas recabadas por el Ministerio Público, las cuales serán presentadas como "referencia" dentro de la investigación en curso de la CPI. La académica de Derecho Internacional, Carla Chovar, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), explica que el proceso no se trata de una nueva denuncia, sino de una aportación de antecedentes para que la CPI determine si existe suficiente evidencia para abrir una investigación formal sobre el asesinato de Ojeda y su vinculación con los crímenes de lesa humanidad.
Desde el punto de vista diplomático, este paso refuerza la postura de Chile en cuanto a la condena de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, aunque, según Chovar, no representa un giro en la política exterior chilena, sino una continuidad de su postura crítica hacia el régimen venezolano. A nivel legal, los antecedentes presentados por Chile serán evaluados por la CPI en una primera etapa para determinar si hay pruebas suficientes para proceder con una investigación formal. De ser así, esto podría conducir a órdenes de detención contra los responsables de crímenes de lesa humanidad.
La cooperación internacional será crucial en este proceso, ya que la efectividad de la CPI depende del respaldo de los Estados y de su capacidad para ejecutar las órdenes de detención que pueda emitir la Corte. Para Chovar, el desafío de Chile será mantener una línea de acción jurídica que aporte información relevante a la investigación, sin que se perciba como una acción meramente política.