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- Publicado hace 1349 dias
Comisión investigadora sobre alimentación escolar aprueba conclusiones y propuestas
Legislativo
#1408 | 13 de Abril del 2021
Instancia aprobó por unanimidad el informe referido a la ejecución del Programa de Alimentación Escolar a cargo de la Junaeb, cuyo informe será entregado a la Sala por la diputada Cristina Girardi.
La votación de sus conclusiones y proposiciones realizó el grupo parlamentario encargado de investigar los actos u omisiones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), en relación con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y párvulos (CEI 35).
El objetivo de la instancia fue investigar las irregularidades en el suministro de raciones alimenticias y la contaminación de alimentos entregados por Junaeb en becas alimentarias, durante 2018, lo que fue detectado por la Contraloría General de la República.
Luego de las audiencias y el trabajo desarrollado, la comisión logró un consenso amplio respecto a las falencias detectadas y se incluyeron tanto conclusiones y recomendaciones de parlamentarios de oposición y del oficialismo, las que fueron respaldadas en forma unánime (9 votos).
Conclusiones sobre Junaeb
El informe señala que el modelo actual del organismo es un sistema donde las empresas que participan en las licitaciones maximizan los beneficios disminuyendo los costos.
Lo anterior va, claramente, en desmedro de la calidad final de los alimentos que reciben los niños en las escuelas y los jóvenes que tienen relación con Junaeb.
Las y los diputados consideraron que este modelo ha demostrado estar obsoleto si se considera el informe de la comisión investigadora sobre el mismo tema que indagó irregularidades en los años 2014 y 2015, pues dicho informe tuvo como resultados las mismas conclusiones que se presentan ahora.
En la oportunidad ya se reconocían irregularidades en la ejecución del PAE, como la debilidad institucional y falta del rol fiscalizador; sin que existan hoy cambios a lo planteado por la Cámara en 2016.
De este modo se concluye que existe debilidad institucional, expresada en una asimetría entre Junaeb y las empresas que prestan servicios, en el sentido de que se cuenta con pocos recursos humanos para la gran cantidad de recursos que se utilizan en los programas de alimentación; los cuales ascienden a más de 600 mil millones de pesos.
Al respecto, existen 107 supervisores para 8.511 establecimientos, lo que demuestra la insostenibilidad de este modelo de fiscalización.
Sobre las normas que regulan el Programa de Alimentación Escolar, cuestiona que se deje su regulación solo en las bases de licitación y que se carezca de una norma con rango de ley, lo que deja espacio a una gran discrecionalidad por parte de la Junaeb.
Asimismo, resulta evidente la dificultad del organismo para poder comprobar de forma certera la información financiera que las empresas presentan en las licitaciones.
En cuanto a las sanciones a las empresas que han incumplido contratos respecto a infraestructura, equipamiento, mantención y transporte de alimentos, estas han sido multadas en procesos que establecen multas de acuerdo a las propias bases de licitación.
Sin embargo, las multas que se están cobrando hoy son de las licitaciones correspondientes al período 2011- 2012. Ello demostraría, de parte de Junaeb, una actitud de desidia al respecto, pues las empresas que no han pagado multas en varios años siguen postulando y ganando licitaciones.
Respecto del tipo de alimentación, se concluye que existe interés por parte de Junaeb de incluir menús más variados, que contengan productos como sal de mar, quínoa, miel y cochayuyo, entre otros. Por ello, se recomienda que el sistema incentive el sistema de compras a proveedores locales, para que puedan proveer productos frescos.
Finalmente, se plantea que se ha producido una sensación de trato injusto hacia las manipuladoras de alimentos, porque algunas licitaciones no contemplan gratificaciones garantizadas, para las más de 12 mil funcionarias que perciben menos ingresos. Por esa razón, se debería avanzar en que sean contratadas por el Estado.
Conclusiones sobre Junji
Se concluye que los alimentos que otorga Junaeb a la Junji no considera las necesidades especiales o tipos de alimentación especial que puedan necesitar los niños. Por ejemplo, niños(as) con diabetes gestacional o que dependen de dietas celiacas.
Al respecto, se indica que Junji tiene la responsabilidad de participar en la elaboración de las bases de licitación de programas de alimentación y ejercer control de dichos programas.
Además, velar por la calidad nutricional y sanitaria de la alimentación que reciben las (os) menores, función que realiza cada directora de jardín infantil.
Recomendaciones
En materia de propuestas, las (os) legisladores proponen cambiar el modelo de la Junaeb para priorizar a los niños por sobre las empresas, entregando alimentos saludables y frescos.
Para el fortalecimiento institucional, se propone establecer normas de carácter legal para reglar las licitaciones, limitando la discrecionalidad que tiene Junaeb al establecer dichas bases.
Otras recomendaciones del informe, que será informado a la Sala por la diputada Cristina Girardi, son:
- Unificar la supervisión que se aplica en Junji e Integra al interior de una sola institución, evitando que se incurra en diferencias de criterios; crear y legislar una Nueva Ley de Planta para Junaeb, que lleve adelante su función pública.
- Establecer nuevas incompatibilidades entre ex funcionarios y empresas licitantes, evitando posibles conflictos de interés.
- Terminar con tratos directos en las licitaciones y que sea una comisión de expertos la que elabore las bases técnicas, con vigencia al menos por 3 años, con participación de especialistas en alimentación y nutrición infantojuvenil.
- En materia de multas, la creación de un archivo de multas históricas que han tenido todas las empresas del PAE, para asegurar un control transparente.
- Crear una glosa informativa en la Ley de Presupuestos para que Junaeb informe el estado de las multas y procesamiento a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados.
- Que el contrato de las manipuladoras de alimentos contemple estabilidad laboral y reconocer la relación que estas tienen con el Estado.
- Que las bases de licitación incorporen mejoramiento de la infraestructura, para que las manipuladoras realicen su labor dignamente.
