La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios analizó el Informe Anual 2020/2021 de Amnistía Internacional, que informa sobre los avances y retrocesos en la protección de los derechos humanos en 152 países, durante el año 2020.
Ante el grupo de legisladores, la directora ejecutiva del organismo, Ana Piquer, se refirió al capítulo sobre Chile y manifestó la preocupación por la forma en que el Gobierno ha enfrentado las dos crisis que ha vivido el país: el estallido social y la pandemia de Covid-19.
“Llevamos varios años viviendo una situación de continuo deterioro en aspectos de Derechos Humanos en Chile. No vemos desde el Gobierno una intención de escuchar a la sociedad civil, víctimas y a especialistas para el manejo de la pandemia Covid-19”, señaló.
Piquer detalló que lo expuesto bajo el título “Uso excesivo de la fuerza”, es el más amplio del capítulo chileno, debido a la extensa documentación y detalle de hechos que han acontecido desde las manifestaciones masivas de 2019.
Asimismo, dijo que “el Gobierno presentó demandas judiciales contra más de mil manifestantes, amparándose en la Ley de Seguridad del Estado, lo que no se ajusta al derecho internacional de los Derechos Humanos y podría dar lugar a actos de hostigamiento político”.
La representante de AI, enfatizó que casi la mitad de las causas por violaciones de Derechos Humanos, en el marco del estallido Social, se han cerrado sin formalizaciones.
En relación al manejo que se ha tenido de la pandemia por Covid19, Ana Piquer precisó que recibieron denuncias de profesionales de la salud que debieron enfrentar la fase más aguda de la pandemia con falta de equipos de protección individual y elevados niveles de ansiedad; lo que puso en peligro su integridad física y mental. Además, dijo que estos no podían denunciar por temor a ser sancionados.
Otro punto son las “múltiples denuncias de las víctimas de trauma ocular”, respecto de cómo está operando el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO). “Consideramos que no es efectivo para proporcionar la reparación que necesitan”, indicó.
Piquer, finalmente, manifestó la inquietud por la situación del pueblo mapuche, en particular debido a lo ocurrido en la sede municipal de Curacautín, donde manifestantes mapuches fueron expulsados con gritos e insultos racistas.
La comisión invitará a la próxima sesión al presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHCH), Carlos Margotta, y al representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Rodrigo Bustos, quienes no alcanzaron a exponer.