La Comisión Investigadora de los Actos de Gobierno, en particular de las autoridades competentes provinciales, regionales y nacionales, responsables de determinar y ejecutar las políticas de seguridad pública en la región de La Araucanía (CEI 54), abordó la ejecución del presupuesto del año 2020 de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y la adquisición de tierras por comunidades.
El director nacional de la Conadi, Ignacio Malig, explicó que la ejecución del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas para el año 2020 correspondió a un 86% del presupuesto total. Actualmente, se cuenta con una ejecución del 4,2% del presupuesto asignado para el año 2021.
Además, informó que el presupuesto en el año 2020 sufrió fuertes recortes, en línea con los ajustes que se hicieron en todo el sector público por motivo de la pandemia. Así, el año pasado partió con una asignación de más de $76 mil millones y terminó con cerca de $22 mil millones.
“Estos fondos sufrieron rebajas por parte de la Dirección de Presupuestos y transferencias internas con el objetivo de incrementar en $19 mil 673 millones de pesos el Programa de Apoyo de Aguas Indígenas, para el financiamiento de convenios destinados a la construcción de obras de riego, para ayudar a la crisis que se estaba viviendo “, precisó.
Sobre la adquisición de tierras, Ignacio Malig, dijo que esta se vio afectada por diversos motivos, entre los que se encuentran, renuncias a la adquisición de predios por parte de comunidad indígena mediante carta ingresada el 30 de diciembre de 2020; fallecimiento de propietaria, sin aviso a esta Corporación por parte de la sucesión hereditaria; acuerdos entre comunidades indígenas beneficiadas en subdivisiones previas, sin conocimiento de esta Corporación, entre otros casos.
Agregó, que la indicación sobre Ejecución Presupuestaria – Glosa N°16 del Presupuesto- estableció quiénes podrán optar a las tierras; señala que debe realizarse respecto a inmuebles cuya posesión no se encuentre perturbada, posean una antigüedad mayor a la fecha de reclamación respectiva e incorpore a todas las familias que han sido reconocidas en el informe jurídico administrativo. Además, se deben privilegiar las comunidades que no hayan sido beneficiadas con anterioridad.
El presidente de la instancia legislativa, diputado Ricardo Celis (PPD), señaló que la citada indicación presupuestaria ha generado problemas entre comunidades e intracomunidades, por el fraccionamiento por compras parciales que ha determinado que el resto de la comunidad no pueda acceder a la compra total de predio”.
Igualmente, el diputado Miguel Mellado (RN) planteó a la autoridad que “las comunidades indígenas nos dicen que llevan esperando 10 o 15 años para poder comprar tierras y ven que otras se saltan la lista y les compran reiteradamente tierras”.
Ante los cuestionamientos, el director de la Conadi señaló que “existen temas de crecimiento demográfico y disponibilidad de tierras que no se pueden obviar. Vamos a ver cada vez menos disponibilidad de tierras para las comunidades”, advirtió.
“Nosotros no es que excluyamos a ciertos grupos dentro de la comunidad ni tampoco queremos provocar conflictos internos. Las compras que se realizan se hicieron por la cantidad y miembros de la comunidad existente en ese minuto. Son las mismas comunidades, pero son distintas personas por aumento de la cantidad de miembros través del tiempo”, sostuvo.