A fines del mes de marzo miles de toneladas de salmones aparecieron muertos por falta de oxígeno en el fiordo Comau en la región de Los Lagos. La causa correspondería a un nuevo episodio de floración de algas nocivas. Tras esta catástrofe ambiental, los salmones fueron trasladados a la región del Biobío.
Debido a esta situación, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados celebró una sesión especial para revisar estos hechos que, señalan las y los parlamentarios, ha puesto en riesgo la biodiversidad marina.
Al respecto, expuso la presidenta de la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Zoila Bustamante, quien junto a dirigentes pesqueros aseguraron que las aguas patagónicas marinas o lacustres no son el ambiente natural para los salmones, registrándose una sobreproducción de peces.
Añadieron que los problemas ambientales se generan por el escape de salmones, el abuso de antibióticos y antiparasitarios, la acumulación de residuos sólidos y líquidos en el fondo marino, los desechos industriales y la presión pesquera sobre las especies silvestres.
Finalizaron su exposición señalando que la forma de desarrollo que tiene la industria del salmón responde a una legislación marina permisiva con el sector empresarial.
Para conocer las medidas adoptadas por la autoridad para enfrentar la presencia de una “marea café” en el fiordo Comau, la instancia también escuchó al superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, quien efectuó una cronología de los hechos que habrían comenzado con una floración de algas el pasado 27 de marzo, que afectó a los centros de engorda de producción de salmón.
El superintendente sostuvo que la sanciones y multas hacia las empresas que han infringido la ley sí han sido cursadas y que en el caso del fiordo Comau y la aparición masiva de algas, influyó el calentamiento global y el aporte de nutrientes que pueden recibir las especies marinas.
Según la autoridad, y para evitar futuros inconvenientes en la producción del salmón, se debe fortalecer la vigilancia permanente por parte de la Superintendencia; reforzar la coordinación interinstitucional; complementar, investigar e identificar posibles infracciones a la ley y retroalimentar al Ministerio de Medio Ambiente, al Servicio de Evaluación Ambiental y a la Subsecretaria y Servicio Nacional de Pesca, para saber si existen espacios de mejoras regulatorias.
También llamó a revisitar la regulación industrial, a aumentar la sustentabilidad medio ambiental y la fiscalización de la autoridad.
Las y los diputados manifestaron su preocupación por la instalación de criaderos de salmones en fiordos, donde no existe mayor circulación de aguas y podría beneficiar la aparición de algas nocivas; así como sus dudas sobre la falta de personal que existiría en la Superintendencia para fiscalizar en cada una de las regiones del país.
Además, pidieron reconsiderar el traslado de especies a la región del Biobío porque, según planteó el diputado Amaro Labra (PC), esta zona del país se ha convertido en el basurero de las especies marinas afectadas.
En una segunda materia, la comisión continuó con la tramitación del proyecto que regula los cambios de uso de suelo y los actos administrativos y obras de subdivisión, urbanización y edificación de terrenos afectados por incendios forestales (boletines refundidos 13.967, 14.017 y 14.023).
La iniciativa busca desincentivar el uso de los incendios como herramienta informal para generar cambios en el uso de los espacios siniestrados, dando el tiempo necesario para que se produzca la regeneración de los ecosistemas afectados.
Desde el gobierno, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, reconoció un aumento a nivel global del número de incendios forestales.
Sobre el texto, manifestó que este impone gravámenes que entraban el funcionamiento de instrumentos de planificación nacional, regional y comunal, por incendios que afecten a cualquier tipo de formación vegetal.
Según la autoridad, prohibir el cambio de uso de suelo por 50 años perjudica a comunidades y personas indígenas que, actualmente, pueden desafectar sus predios sin restituir bonificaciones e impuestos.
Agregó que, con la medida se impide que otros propietarios puedan desafectar sus predios; que resultaría muy complejo para la Conaf certificar la delimitación del área siniestrada y que se impone, bajo pena de sanción, obligaciones difíciles de cumplir a propietarios inocentes afectados por los incendios.
La instancia continuará con la discusión de este proyecto en una próxima sesión.