Por la unanimidad de las parlamentarias presentes en la sesión, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género aprobó en general el proyecto, originado en tres propuestas de origen parlamentario (boletines 14.139, 10.576 y 12.719), que busca perfeccionar la normativa vigente y alcanzar la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo o para una labor a la que se le atribuye un mismo valor.
El proyecto comenzó a analizarse a fines de abril y fue retomado en su debate en la presente ocasión con la exposición, desde Ginebra, de Manuela Tomei, directora del Departamento Condiciones de Trabajo e Igualdad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien valoró la motivación de avanzar en la materia.
Su intervención se centró en profundizar ideas sobre cómo comparar y evaluar los puestos de trabajo con el fin de promover la igualdad salarial entre hombres y mujeres, entregando ejemplos prácticos de mecanismos que se han adoptado en otros países.
Desde esa perspectiva, señaló que lo importante es centrarse en el valor, alcance y responsabilidades del trabajo en sí y no en las características de quienes lo ejercen. Para esto, el hecho que exista una legislación que lo norme explícitamente es importante.
En dicha dirección, una medida que se aplica en otros países es la transparencia salarial. Esto significa que las empresas informan su estructura organizacional y salarios asociados, con lo cual es posible visibilizar el tamaño de la brecha salarial y desde esa realidad tomar las medidas necesarias.
Considerando los factores mencionados, hay países que establecen que las empresas que no cumplan con ciertos estándares no pueden participar de licitaciones públicas, o bien, establecen la necesidad de que cuenten con una certificación de igualdad salarial.
Frente a ello, las parlamentarias consultaron sobre modelos de medición de la brecha salarial que se apliquen desde la OIT y también qué porcentaje es posible establecer como tope. En respuesta a la inquietud, Patricia Roa, oficial de programación de la OIT, explicó que compartirán con la comisión un modelo de medición en el que se trabajó en 2018 junto con el Instituto de Seguridad Laboral, de forma paritaria entre la dirección y representantes de las y los trabajadores.
Sobre el porcentaje de tope para la brecha salarial, Manuela Tomei explicó que se aborda de acuerdo a la realidad y condiciones de cada país, donde hay experiencias que establecen un 25% versus otras que lo fijan en un 5% o, incluso, un 3%.
A la sesión se encontraba invitado el ministro del Trabajo, Patricio Melero, sin embargo no participó ni tampoco el subsecretario de la cartera.
La situación generó molestia en la presidenta de la Comisión, diputada Maite Orsini (RD), y en otras parlamentarias quienes lamentaron que esta instancia “nunca es prioridad para el Ejecutivo”. “Es un desprecio al trabajo que hacemos nosotras”, agregó la diputada Karol Cariola (PC).
Quien sí concurrió a la instancia fue la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, María José Roa, que expresó la voluntad de la cartera de avanzar en una propuesta legislativa que permita establecer un marco común para medir la brecha salarial en el país.
Desde su punto de vista, es necesario establecer criterios “justos, objetivos y realistas”, que permitan crear una institucionalidad a la que las y los trabajadores puedan recurrir en caso de irregularidades, sin sentir que se pone en riesgo su estabilidad laboral.
Terminadas las exposiciones, las diputadas aprobaron la idea de legislar sobre la materia y establecieron como plazo para la presentación de indicaciones el viernes 28 de mayo, con el objetivo de comenzar con la votación en particular el próximo lunes 31.
Sobre dicho punto, la diputada Cariola, promotora de una de las mociones, señaló que consideraría la experiencia comparada en otros países para la presentación de indicaciones y que vayan en la línea de las exposiciones planteadas por la OIT en la sesión.