Apoyan legislar para perfeccionar norma sobre servicio de retiro de residuos domiciliarios
Perfeccionar la regulación relativa a la contratación y pago del servicio de extracción y recolección de residuos sólidos domiciliarios, incluyendo las condiciones laborales de las y los trabajadores del rubro, es el objetivo del proyecto (boletín 14.032) que fue aprobado hoy por la Sala.
La iniciativa, que fue analizada en las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda e informada en la Sala por la diputada Karin Luck (RN) y el diputado Pablo Lorenzini (IND), respectivamente, modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades estableciendo que estas entidades podrán celebrar convenios con la Tesorería General de la República para que esta efectúe el pago a proveedores de servicios concesionados, directamente con cargo a la recaudación del impuesto territorial de beneficio municipal correspondiente.
Además, estipula que, en caso de ser insuficientes los recursos disponibles por esta vía, el pago se realizaría con cargo a la participación mensual correspondiente del Fondo Municipal, debiendo informar la Tesorería, dentro de los 30 días siguientes a la suscripción de dicho convenio, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Junto a lo anterior, el proyecto -que regresa a la Comisión de Gobierno Interior por ser objeto de indicaciones- define que en el caso de las municipalidades que no hayan suscrito los convenios, los proveedores de los servicios concesionados podrán solicitar a la Tesorería el pago de las facturas emitidas y no objetadas por parte del municipio y que se encuentren impagas por un plazo mayor a 30 días contado desde su aceptación.
El proyecto también estable que, en el caso de que los proveedores de servicios concesionados de las municipalidades o las propias municipalidades tuvieran deudas laborales y previsionales con trabajadores, sea que se encuentren prestando servicios o hayan cesado ya en ellos, podrán concurrir al cobro de estas deudas de la misma forma.
La iniciativa también modifica la ley sobre bases de contratos administrativos de servicios señalando que, tratándose de las bases de licitación de los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios, las municipalidades deberán sujetarse a los contenidos mínimos que para ellas establezca un reglamento expedido a través del Ministerio del Interior y Seguridad Publica.
Junto a ello, norma que dichas bases de licitación y las adjudicaciones deberán ser sometidas al trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República. Además, estipula que el criterio económico deberá ponderar al menos un 50% y el criterio de mejores condiciones de empleo y remuneraciones deberá ponderarse en al menos un 30% del puntaje total de evaluación.
Para efectos de esta ley, el criterio de mejores condiciones de empleo y remuneraciones se compondrá por factores vinculados al pago que se ofrezca, al número de trabajadores/as que posea la empresa que presta el servicio y las condiciones del empleo.
Además, el proyecto establece que, en cualquier base de licitación pública, sin importar su objeto, cuya cuantía sea igual o superior a 20.000 UF o sea superior a 5.000 UF e incluya cláusulas que permitan su renovación, dicha adjudicación deberá ser objeto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
Finalmente, la propuesta establece que será requisito de admisibilidad de la oferta en las licitaciones por parte de la empresa postulante, tener una dotación suficiente de trabajadores que garantice el cumplimiento de los límites legales establecidos para la jornada de trabajo, incluidas las horas extraordinarias y de un programa de gestión de los riesgos presentes en el trabajo.
En el debate en la Sala participaron las y los diputados Bernardo Berger (RN), Mario Venegas (DC), Renzo Trisotti (UDI), Andrea Parra (PPD), Andrés Longton (RN), Félix González (PEV), Gustavo Sanhueza (UDI), Rubén Moraga (PC), Iván Flores (DC), Miguel Ángel Calisto (DC), Cristina Girardi (PPD), Raúl Leiva (PS), Hugo Rey (RN) y Daniella Cicardini (PS).
Si bien la mayoría de las y los diputados que intervinieron valoraron el avance de la norma en la modificación de las bases de licitación y la capacidad de fiscalización por parte de la Contraloría, hubo quienes criticaron la posibilidad de suscribir convenios con la Tesorería para el pago directo de las deudas, aludiendo que es un beneficio para las empresas.
También participaron el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y la subsecretaria de Desarrollo Regional, María Paz Troncoso, quienes valoraron los avances que propone el proyecto y llamaron a que sea respaldado por parte de las y los diputados.