Aprueban indicaciones al proyecto sobre obsolescencia programada
La Comisión de Futuro, Ciencias y Tecnología de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó con la discusión del proyecto que modifica la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de prohibir la venta de teléfonos y dispositivos móviles con obsolescencia programada (boletín 12226).
En la oportunidad, se aprobaron dos indicaciones referidas particularmente a las multas establecidas en la norma y a la garantía legal que deberán tener los aparatos eléctricos.
La primera de ellas, prohíbe la venta y comercialización de todo tipo de dispositivo móvil, cuya funcionalidad haya sido alterada arbitrariamente en su diseño o por medio de actualizaciones posteriores del software, que busquen acelerar el fin de su vida útil para su sustitución por productos más recientes.
Al respecto, se establece una sanción de hasta 1000 Unidades Tributarias Mensuales. También contempla la posibilidad de elevar la multa en forma proporcional a los beneficios obtenidos producto de esta situación, al 5% de su facturación anual media, calculada sobre las tres últimas facturaciones anuales conocidas a la fecha de los hechos.
La segunda indicación aprobada extiende la garantía legal de los aparatos electrónicos de tres a 18 meses, con el objeto de dar una mayor protección a los consumidores.
De esa forma, quedó pendiente para la próxima sesión la posibilidad de fijar una sanción para impedir que las empresas sancionadas por obsolescencia programada puedan ofertar por dos años al Estado.
La instancia parlamentaria prosiguió también con la tramitación del proyecto de reforma constitucional que busca proteger la integridad y la indemnidad mental, con relación al avance de las neurotecnologías (boletín 13827).
Sobre el tema existen dos indicaciones presentadas, respecto de las cuales se buscará consensuar una redacción que permita el pronto despacho de la norma a la Sala.
Cabe recordar que esta iniciativa entrega mayor estatus a los datos mentales, estableciendo a los neuroderechos como una nueva categoría de Derechos Humanos y otorgando la posibilidad de investigar la mente mediante inteligencia artificial, pero sin pasar a llevar la privacidad del paciente.