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- Publicado hace 1209 dias
Investigadora sobre servicios locales de educación propone modificar el sistema de financiamiento
Legislativo
#3101 | 31 de Agosto del 2021
La instancia aprobó un informe presentado por representantes de la oposición donde se cuestiona a la Dirección de Educación Pública y se plantea eliminar el Simce. También fueron consideradas las recomendaciones del oficialismo en un informe de minoría.
Investigadora sobre servicios locales de educación propone modificar el sistema de financiamiento
La comisión investigadora sobre la instalación de los servicios locales de educación revisó y votó dos informes con sus respectivas conclusiones.
El primero lo presentó la diputada Cristina Girardi (PPD). También contó con los aportes de la/os diputada/os Camila Vallejo (PC), Cosme Mellado (PR) y Mario Venegas (DC). En las votaciones, obtuvo la mayoría de los votos de los presentes.
El segundo lo planteó el presidente de la comisión, diputado Luis Pardo (RN). Tras no aprobarse, se consideró como un informe de minoría.
Recodemos que, la instancia indagadora se conformó con el propósito de revisar la implementación de la Ley sobre Nueva Educación Pública. En particular, en relación con la instalación y funcionamiento de los nuevos servicios locales de educación pública (SLEP).
La diputada Cristina Giradi será la encargada de dar a conocer el informe final a la Sala de la Corporación.
Conclusiones
El informe respaldado por la mayoría de la comisión percibió grandes problemas de infraestructura, equipamiento y sobredotación del personal en la implementación de los SLEP.
Mencionan una auditoría aplicada por la Contraloría General de la República, donde se refleja la imposibilidad de volver a clases presenciales. Esto último, debido a la mala o nula conectividad y la baja participación de la comunidad frente al proceso educativo. A esto, se suma el mal manejo de los recursos y el déficit del sistema financiero.
A las y los parlamentarios oficialistas les llamó la atención que los directores ejecutivos de los SLEP sigan manteniéndose en su cargo. Sobre todo, según dice el informe, después las irregularidades e ilegalidades cometidas, principalmente, en el SLEP de Barrancas. Lo mismo aplicaría para los casos de Valparaíso y Colchagua.
En el documento se cuestiona el rol que debe cumplir la Dirección de Educación Pública (DEP). Esto, por la falta de supervigilancia, de evaluación y por vulnerar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes del país.
Las conclusiones denuncian también la falta de un trabajo coordinado con los diferentes actores de la educación, aunque la misma ley establece la participación como un principio fundamental.
Asimismo, se indica que el nuevo sistema de educación se encuentra deslegitimado y cuestionado. Pero se recalca que la ley nunca ha sido el problema, sino la gestión de quien la implementó.
Recomendaciones
El texto aprobado también incluyó recomendaciones. Entre ellas, se menciona la necesidad de modificar el sistema de financiamiento de la educación pública de manera estructural, dejando atrás el sistema de subvenciones. Adicionalmente, se pide crear un nuevo sistema nacional de evaluación de resultados de aprendizaje y reemplazar el Simce.
Por otra parte, se pide mejorar la fiscalización de los procesos de selección de la Alta Dirección Pública para los cargos en los SLEP y generar un nuevo plan estratégico de participación entre los distintos actores de la implementación de la ley sobre Nueva Educación Pública.
Paralelamente, se insta a investigar las posibles implicancias en delitos de malversación de fondos públicos y otros de la misma naturaleza.
Además, se llama a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, especialmente la de los docentes y que, en la próxima Ley de Presupuestos, se incrementen los recursos destinados a infraestructura.
Por último, entre otros aspectos, se solicita hacer un exhaustivo monitoreo y seguimiento de la implementación de la citada ley; aumentar la eficacia de los instrumentos para regular el traspaso de los futuros servicios educacionales desde los municipios a los SLEP; y variadas adecuaciones legales en pro del sistema.
Informe de minoría
El informe de minoría observó en sus conclusiones ausencia de participación y escaso diálogo de las comunidades. Además, determinó que en los SLEP de Valparaíso, Juan Fernández y Atacama hubo presiones indebidas en los procesos de concursos. Ello, se concluye, se tradujo en hostigamiento laboral, vulneración de confidencialidad, imparcialidad y valoración del mérito.
El texto también daba cuenta de denuncias sobre irregularidades en la Estrategia Nacional de Educación Pública, al tiempo que se acusaban deficiencias en las condiciones laborales de los funcionarios y deudas previsionales arrastradas desde los municipios.
De igual modo, se describía la falta de planes estratégicos y pedagógicos que permitan abordar a aquellos establecimientos que tienen un desempeño medio, bajo o insuficientes, como en Atacama.
Ahora, en materia de recomendaciones, se planteaba realizar un exhaustivo monitoreo y seguimiento de la implementación de la ley. Asimismo, generar herramientas que hagan posible una evaluación y análisis al proceso de instalación de los servicios locales.
Adicionalmente, se solicitaba al Ejecutivo un proyecto de ley que de respuesta a las deficiencias normativas que se han constatado en el proceso de puesta en marcha definido en la ley y realizar un monitoreo y seguimiento de la creación del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública.
