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Continúa el estudio del proyecto que establece medidas contra la discriminación

#4732 | 03 de Junio del 2022

La Comisión de Derechos Humanos analizó el proyecto que busca actualizar la Ley Zamudio. Para ello, se recibió la opinión de un académico de la Universidad de Chile y de representantes de la OTD Chile.

En el marco de la tramitación del proyecto (boletín 12748) que modifica y fortalece la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios recibió la exposición de expertos que opinaron sobre la propuesta legal.

La iniciativa, en segundo trámite constitucional, busca actualizar la normativa también conocida como Ley Zamudio. Ello, con el fin de fortalecer la prevención de la discriminación y promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad. Para ello se propone dotar de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra el referido cuerpo legal.

La instancia contó con la presencia el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Álvaro Fuentealba. Este señaló que el problema es que no hay institucionalidad pública que establezca políticas públicas en la materia. En tal plano, estimó relevante que se refuerce este aspecto de manera específica y con procedimientos más ágiles.

También sugirió que se remuevan barreras de entrada a los procedimientos y establecer una definición mucho más maciza del concepto de discriminación arbitraria. Junto a ello, identificar aspectos conceptuales que van poniendo una tipificación de acciones y conductas en forma amplia y dinámica.

“No es posible que, en 10 años de vigencia de la Ley 20.609, solo existan 150 acciones interpuestas. Esto hablaría muy bien si estuviéramos en un país donde nos conste que no existen acciones o actos discriminatorios. Pero, claramente, esto no es así”, remarcó.

OTD Chile

También participaron el asesor jurídico de la Organizando Trans Diversidad (OTD Chile), Matival Cortez, junto a Ignacia Oyarzún, coordinadora de la Unidad de Legislación y Políticas Públicas de dicha institución.

Cortez se refirió a los alcances de la “institucionalidad antidiscriminatoria”. Señaló que es una demanda de la sociedad civil, que está presenta desde fines de los años 90. “Estamos pensando en una institucionalidad antidiscriminatoria amplia que proteja a todos los grupos históricamente discriminados”, planteó.

Explicó que el modelo pensado para esta institucionalidad se asemeja al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), que tiene Argentina.

Indicó que esperan que sus atribuciones estén orientadas a la creación de políticas públicas y programas de apoyo focalizados en los grupos históricamente discriminados. Especialmente, a los que sufren barreras de acceso a la formación, educación y trabajo.

Acotó que, respecto a la representación judicial, correspondería que estuviera dentro de la Subsecretaria de Derechos Humanos. Mientras que, respecto de los modelos de protección a impulsar, sugirió replicar los que tiene el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

Consideró que la nueva institucionalidad antidiscriminatoria debiera contemplar una fase prejudicial de mediación, de la cual se pueda hacer cargo frente a denuncias que reciban.

Finalmente, criticó el plazo para interponer una acción antidiscriminatoria de un año. “Nosotros propusimos que esto se ampliara a cuatro años”, precisó.