Con la presencia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto de ley que establece un nuevo estatuto de protección en favor del denunciante de actos contra la probidad administrativa (boletines 13.565 y 13.115).
La iniciativa, que corresponde a un mensaje del Ejecutivo refundido con una moción de origen la diputada Marcela Hernando (PR), forma parte de la agenda anti corrupción del Gobierno, estableciendo medidas en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto de los funcionarios municipales, para resguardar a denunciantes de irregularidades.
El texto, que ya había sido aprobado con anterioridad por las comisiones unidas de Gobierno Interior y Constitución, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la instancia de Hacienda y será informado a la Sala por el diputado Gastón Von Mühlenbrock (UDI).
Los objetivos de la norma propuesta es inhibir, detectar y sancionar hechos constitutivos de delito o de faltas administrativas o infracciones disciplinarias, perpetrados al interior de la Administración del Estado, facilitando que su personal, así como personas particulares, puedan denunciar la comisión de aquellos.
Para ello, se crea una plataforma digital desde donde se podrán efectuar y gestionar las denuncias. Y, con el objeto de incentivar la “denuncia responsable”, el sistema exige la individualización del denunciante, quien tendrá la posibilidad de manifestar que su identidad sea tratada con reserva, reconociéndose así una de las medidas de protección elementales.
En ese sentido, durante el debate legislativo se ha estimado indispensable incorporar, en el ámbito procesal penal, normas de protección con el objeto de garantizar la salvaguarda de los derechos e integridad del denunciante, así como tipos penales especiales destinados a la protección de la reserva de los hechos ventilados en el contexto de la sustanciación de los procedimientos de investigación respectivos.
El texto legal regula que será la Contraloría General de la República el órgano público a cargo de la implementación y gestión del canal de denuncias.