En el marco de la revisión del proyecto, originado en moción, que modifica la Ley 21.094, sobre Universidades Estatales, a fin de prorrogar el plazo establecido para proponer al Presidente de la República la modificación de sus respectivos estatutos, a raíz de la pandemia por Covid-19 (boletín 13990), la Comisión de Educación escuchó a la vicepresidenta de la Federación Nacional de Profesionales y Técnicos de Universidades Estatales de Chile (Fenaptuech), Betsy Saavedra, y a la presidenta de la Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), Myriam Barahona.
Las dirigentas explicaron a la instancia que, si bien es una demanda de la comunidad educacional el cambiar los estatutos de las universidades, las condiciones sanitarias por la pandemia no permiten un trabajo adecuado por los obstáculos que han enfrentado, como por ejemplo el cierre de las dependencias universitarias, lo que ha limitado los procesos de discusión presencial de los reglamentos a actividades virtuales, con una baja participación de los estamentos universitarios.
Sostuvieron que, lo anterior, ha generado mecanismos de participación poco democráticos y excluyentes para recoger las propuestas de las comunidades universitarias, debido a que la Ley 21.094 no precisa qué significan “procesos públicos y participativos”. De esta manera, han aparecido diversas formas de organización que, a su juicio, serían cuestionables:
Las expositoras añadieron que los procesos de modificación de estatutos orgánicos de las universidades que exhiben mayor avance se han realizado con escasa participación de las comunidades universitarias, en los diversos espacios que se han creado para ello.
Esto, indicaron, no permite llevar a cabo un trabajo adecuado, profundo y representativo para los cambios que se deben hacer en los estatutos de algunas casas de estudio.
Además, la situación se complejiza, ya que denunciaron presiones de las autoridades universitarias a las fuentes laborales y recordaron que este año las casas de estudio recibieron menos presupuesto.
Por su parte, la diputada Camila Rojas (Comunes), autora de la moción, explicó a la instancia que se solicitó al Ejecutivo presentar una solución a este tema, pues el plazo vence a en junio del presente año y las condiciones no están dadas para hacer el trabajo que se requiere.
El grupo parlamentario acordó votar como primer punto de la tabla de la próxima sesión la presente normativa.