Energía
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Alza en la electricidad: un nuevo ajuste en el presupuesto familiar y de las empresas

#8588 | 20 de Diciembre del 2024

La última de cuatro alzas en el precio de la electricidad anunciadas desde el primer trimestre de este año llega con enero de 2025.

Este proceso, iniciado tras el descongelamiento de las tarifas eléctricas, ha implicado ajustes progresivos en junio, julio y octubre, acumulando un impacto significativo en los presupuestos familiares y también empresariales. De acuerdo con el Informe Técnico Preliminar de Precios de Nudo Promedio (PNP) de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el incremento total desde abril supera el 50%, aunque algunos expertos elevan la cifra hasta un 60%, dependiendo de la región.

El proceso de ajuste tarifario tiene su origen en la crisis energética de los últimos años. Durante el estallido social, el gobierno del presidente Piñera optó por congelar las tarifas para evitar un aumento inmediato, lo que generó una deuda acumulada con las generadoras de electricidad. Este mecanismo, si bien fue efectivo a corto plazo, creó una presión financiera insostenible, llevando al actual gobierno a descongelar los precios y asumir las consecuencias. La deuda original, que tenía un límite de 1.350 millones de dólares, fue ampliada hasta 5.500 millones por la administración actual, pero la mantención indefinida de este esquema resultó inviable.

Para los hogares, las consecuencias se traducen en ajustes obligados en los presupuestos familiares, especialmente para aquellos que dependen de dispositivos eléctricos en sus actividades diarias. Las tarifas eléctricas para consumidores residenciales subirán un 10% en enero de 2025, acumulando alzas superiores al 50% desde el descongelamiento. Valparaíso será la región más afectada, con un aumento promedio del 17%, llevando las cuentas familiares de $39.000 en mayo a $68.864 en enero. En Santiago, el alza será del 13%, mientras que otras ciudades, como Antofagasta y Temuco, registrarán incrementos entre un 10% y un 15%. Las familias enfrentarán mayores costos en sus presupuestos, destacando la urgencia de medidas para mitigar el impacto económico.

Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a la clase media, que frecuentemente queda fuera de los subsidios, y a las familias más vulnerables, cuyo consumo básico ya es limitado. En este contexto, el gobierno ha propuesto un subsidio dirigido al 40% de mayor vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares, beneficiando a 1,5 millones de clientes. Sin embargo, esta medida deja de lado a un importante segmento de la población que también sufre el impacto de estas alzas.

Desde la perspectiva empresarial, las PYMES son particularmente vulnerables. Este sector, que representa una porción significativa del empleo nacional, enfrenta aumentos en los costos operativos que, tarde o temprano, se traducirán en precios más altos para los consumidores finales. La situación podría derivar en una disminución del consumo y una contracción económica, agravando las dificultades para los pequeños negocios.

En este contexto, también se plantea la posibilidad de transitar hacia energías renovables como una solución estructural. Si bien Chile ha avanzado significativamente en la incorporación de fuentes como la solar y la eólica, los costos iniciales y los largos periodos de retorno de la inversión siguen siendo barreras importantes, tanto para los hogares como para las PYMES.

El problema de fondo radica en la falta de una estrategia clara y sostenible para abordar los costos estructurales de la energía en Chile. Aunque el subsidio eléctrico representa un alivio inmediato, no constituye una solución a largo plazo. Es imperativo que el gobierno priorice reformas estructurales que promuevan una mayor competencia en el mercado eléctrico, reduzcan las barreras de entrada para nuevas tecnologías y garanticen una transición eficiente hacia energías limpias.

Al cierre de este proceso de reajuste tarifario, la interrogante que persiste es si estamos construyendo una solución integral o simplemente posponiendo el problema. Los consumidores, especialmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, y las PYMES necesitan algo más que paliativos temporales. Es hora de cimentar un futuro energético más sostenible y competitivo, donde el costo de la electricidad no sea una carga desproporcionada para la población y el sector productivo, sino una herramienta para el desarrollo equitativo del país.