La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados realizó una sesión especial para abordar el aumento de la violencia hacia las mujeres y, en particular, la respuesta de los diversos órganos del Estado involucrados en la recepción de denuncias, investigación, reparación y sanción ante estos hechos.
Al inicio de la sesión, las y los diputados presentes rindieron un minuto de silencio por las diez mujeres víctimas de femicidio durante los primeros meses de este año 2021. En este marco, legisladoras dejaron diez claveles rojos a los pies de la testera de la Corporación para dejar claro que “no estamos todas”.
En el tiempo previo al debate, la diputada Camila Rojas (Comunes) entregó cifras para contextualizar el escenario que se ha desarrollado durante los años. Entre estos números destacó que “el 42% de las mujeres víctimas de femicidios el año 2018 contaban con una medida de protección que no evitó que fueran asesinadas”.
“La violencia es estructural y continúa. Estructural porque está en las bases de las relaciones de poder desiguales y continúa porque está a lo largo de la vida y en distintos espacios”, remarcó.
Puntualizó que, si bien el principal llamado que se hace desde el Gobierno es a denunciar, las respuestas que se obtienen de parte de las instituciones tienden a revictimizar a las mujeres.
En dicho sentido, criticó lo que considera la “inoperancia de las instituciones; no solo de Carabineros, sino del poder judicial y la prensa en la forma en la que se entregan los antecedente y cómo se da el tratamiento de las noticias”.
Participaron del debate los diputados y diputadas Érika Olivera (IND), Maite Orsini (RD), Joanna Pérez (DC), Marisela Santibáñez (PC), Cristóbal Urruticoechea (RN), Cristina Girardi (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Ximena Ossandón (RN), Natalia Castillo (RD) y Jaime Naranjo (PS).
Desde la sociedad civil se hizo presente vía telemática, Lorena Castillo, representante de la Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres, quien, entre otros puntos, enumeró las fallas del sistema a la hora de realizar una denuncia en Carabineros y luego en el Ministerio Público.
Recalcó la necesidad de implementar una educación no sexista y llamó a regular los medios de comunicación criticando duramente la forma en la que se expone a las víctimas.
Igualmente, llamó a “no hacer diagnósticos y emplazó a las instituciones a hacer su trabajo”.
Desde el Ejecutivo participaron la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett; el ministro del Interior y Seguridad Publica, Rodrigo Delgado; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quienes destacaron los esfuerzos que, desde sus respectivas carteras, se han impulsado para enfrentar y buscar erradicar la violencia hacia la mujer.
Resaltaron que la violencia doméstica se ha agudizado con la pandemia, lo que quedó en evidencia con el aumento de los llamados en los canales de atención para estos casos, dando cuenta de la situación de vulnerabilidad debido al confinamiento.
En la sesión participó también el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien entregó las cifras de la institución sobre estos casos, mencionando que la policía entiende que este es un delito complejo por lo que debe haber un soporte social que permita erradicar la violencia y condenarla de forma drástica.
La coronel Karina Soza, del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, informó, entre otros avances por parte de la institución, sobre el proceso de capacitación del personal para sensibilizar a los funcionarios en materia de género.
En la sesión se aprobaron seis resoluciones. La primera de ellas, la número 1453, solicita al Ejecutivo promover el proyecto de ley de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia renovando su urgencia a discusión inmediata, entre otros puntos.
La resolución 1454 solicita al Ejecutivo la adopción de medidas destinadas hacer frente al aumento de la violencia hacia las mujeres; en tanto que la 1455 pide al Presidente de la República acelerar la refundación de Carabineros de Chile, incorporando un enfoque de género y derechos humanos en la formación de los y las funcionarias, para asegurar la efectiva protección de las mujeres y sus derechos.
Luego, la resolución 1456 llama al Ejecutivo a dar cumplimiento a los compromisos y recomendaciones internacionales pendientes en materia de violencia contra las mujeres y niñas, especialmente aquellas contenidas en el Informe país, del Mecanismo de seguimiento de la Convención Belem Do Pará, de noviembre de 2017; las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Chile del Comité para la Eliminación de la discriminación Contrala Mujer, de marzo de 2018; y el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, de abril de 2019.
Por su parte la resolución 1457 insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes destinadas a prevenir, proteger y sancionar la violencia contra la mujeres, junto con garantizar la igualdad.
Finalmente la resolución 1458 solicita al Ejecutivo presentar urgencia al proyecto que incorpora una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y faculta al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático; el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización; y el proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como, además, disponer la ejecución de otras medidas a favor de las mujeres víctimas de violencia.