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- Publicado hace 1361 dias
Comienza análisis de proyecto que crea Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos
Legislativo
#1309 | 01 de Abril del 2021
La Comisión de Familia recibió a la ministra de la Mujer y Equidad de Género y al ministro de Justicia quienes expusieron los alcances de la nueva norma propuesta por el gobierno.
Más de 60 mil madres han solicitado la retención de parte del retiro de fondos de pensiones por deudas de alimentos impagas, sumando cerca de 340 millones de dólares por este concepto.
Así lo señaló la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, en la Comisión de Familia, donde comenzó a analizarse el proyecto (boletín 14.077) que legisla sobre el abandono de familia, el pago de pensiones alimenticias y, además, crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. “Estamos frente a una cultura del incumplimiento y que mayoritariamente afecta a miles de mujeres”, aseguró la secretaria de Estado.
De acuerdo a lo explicado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que también estuvo presente en la instancia legislativa, los objetivos del proyecto son promover el principio de corresponsabilidad y garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Para esto, señaló, el mensaje pretende cambiar el camino de las sanciones a quienes deben pensiones de alimentos y pasar a normas centradas en el estímulo de su cumplimiento, “pues la judicialización de los casos no da resultados”, ya que eso agudiza el conflicto y suele generar una mayor resistencia al pago.
Si bien las y los parlamentarios valoraron la norma propuesta por el Ejecutivo, señalaron que actualmente existe un proyecto (boletín 10.259 y refundidos), en segundo trámite constitucional, que aborda este tema. Por lo que lamentaron que el Ejecutivo no sumara los esfuerzos en una sola iniciativa.
Debido a esto, adelantaron que intentarán incluir algunos contenidos de la moción parlamentaria en la actual propuesta, como que, frente al no pago reiterado de las pensiones, la persona deudora pueda ser condenada por maltrato habitual por violencia económica.
Contenido del proyecto
El ministro de Justicia señaló que uno de los elementos más importantes que contiene la propuesta es la creación del Registro Nacional de Deudores de Alimentos, el que tendrá un formato electrónico, será administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación y tendrá efectos en distintas áreas mientras se mantenga la deuda.
El registro se construirá con las personas que, estando obligadas al pago de pensiones, adeuden al menos tres cuotas consecutivas o cinco discontinuas de alimentos provisorios o definitivos. Su inclusión será por oficio judicial o a petición de parte y se retirarán cuando se realice el pago íntegro de la deuda por el alimentante o si este ofrece a través del juez un pago serio y suficiente al alimentario.
Las consecuencias que tendrá estar dentro de este registro son varias y de gran alcance. Por ejemplo, existirá un sistema de retención de créditos del alimentante con un pago directo al alimentario en las operaciones de crédito de dinero, en los juicios de cobranza y en la devolución de impuestos a la renta.
También considera restricciones a la transferencia de bienes relevantes sujetos a inscripción registral, como inmuebles o vehículos, la suspensión de ciertos derechos como la obtención de licencias de conducir o pasaporte, u optar a beneficios económicos como, por ejemplo, un subsidio de Capital Semilla, donde se podría retener parte de esos recursos.
Junto a esto, se considerará como antecedente negativo estar en el registro en la evaluación de la idoneidad moral para la adopción de niños, niñas o adolescentes y antes de contraer matrimonio o una unión de acuerdo civil se informará si es que una de las partes se encuentra en este listado.
El proyecto también establece restricciones de ingreso a las funciones públicas y a otros cargos relevantes a quienes sean registrados como deudores de pensión de alimentos y también para nombramientos y contrataciones en el sector público, y de directores y gerentes generales de sociedades anónimas abiertas.
Además, la nueva norma pretende establecer que las deudas alimentarias son créditos preferentes de primera clase, con el fin de que se puedan pagar cuando se declara una quiebra.
La comisión acordó que el plazo para la presentación de indicaciones se extenderá hasta el miércoles 14 de abril, jornada en la que se pretende votar en general el proyecto.
