Declarar el 24 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas es el objetivo del proyecto (boletín 13.902 y refundidos) que aprobó, en general, la Comisión de Gobierno Interior, por 9 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.
La propuesta, en segundo trámite constitucional, que además reemplaza el feriado del 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo, ha concitado opiniones contrapuestas en los representantes de las comunidades indígenas.
Para la antropóloga Malva Pedreros, la iniciativa no respeta cada una de las identidades culturales, al imponer un día de conmemoración representativo del pueblo Mapuche (We Tripantu) a las demás comunidades. Además, lamentó que se omitiera realizar la consulta a los pueblos establecida en los tratados internacionales suscritos.
La postura fue respaldada por Felipe Rivera, representante del pueblo Chango, quien, además, criticó que se termine con el feriado de San Pedro y San Pablo, calificándolo como un “atentado tremendo contra el patrimonio cultural de las caletas de pescadores en Chile”.
Por el contrario, Rosario Ilaja y Nestor Challada, representantes del pueblo Aymara, junto al director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ignacio Malig, destacaron como un “proyecto de unidad” la iniciativa, que hace un reconocimiento explícito a todas las cosmovisiones.
Las y los diputados de la instancia acordaron fijar como plazo para la presentación de indicaciones el próximo lunes 3 de mayo, para comenzar en la sesión siguiente su análisis y votación en particular.
En la misma sesión, la comisión aprobó, por 7 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, el proyecto presentado por el gobierno para perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios (boletín 14.032).
El texto pretende mejorar las condiciones de empleo y remuneraciones de las y los trabajadores que se desempeñan en servicios externalizados de las municipalidades en la recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios.
Para esto, una de las normas que se propone es permitir a los municipios celebrar convenios con la Tesorería General de la República para el pago de servicios básicos y concesionados con cargo al Fondo Común Municipal (FCM), o de requerir a la institución el pago de dichos servicios en caso de incumplimiento, con cargo al mismo fondo.
La comisión estableció como plazo para presentar indicaciones a la propuesta el lunes 17 de mayo.