Por medio de la resolución 1526, las y los diputados solicitaron al Presidente de la República que se lleve a cabo la elaboración y dictación del reglamento de la Ley 21.175, sobre fomento a las artes escénicas.
La idea es que la acción se lleve a cabo con instancias de participación ciudadana y en un plazo máximo de 60 días para la publicación del reglamento, desde la aprobación de esta resolución, considerando la urgencia que reviste la entrada en vigencia de este instrumento normativo.
La iniciativa de las y los diputados PPD Carolina Marzán, Ricardo Celis, Cristina Girardi, Rodrigo González, Tucapel Jiménez, Andrea Parra y Patricia Rubio, más los independientes Raúl Soto y Patricio Rosas, señala que la Ley de fomento a las artes escénicas, supone la elaboración de un reglamento para la ejecución de la normativa, de conformidad a los artículos 32 y 35 de la Constitución Política de la República.
Es decir es obligación de la autoridad competente dictar el reglamento dentro de un plazo determinado que, de conformidad a la fecha de publicación de la ley, ya expiró.
Por lo demás, se estima que la elaboración de dicho marco normativo debe ser participativo y de manera explícita se dispone que debe oírse a las organizaciones de artes escénicas.
Se recuerda que el artículo 11 de la Ley de Artes Escénicas establece que “Un reglamento, dictado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, fijará los requisitos y procedimientos a que deberán ajustarse los concursos públicos que sean convocados y los proyectos que postulen a la asignación directa de los recursos del Fondo”.
Asimismo, se agrega, deberá incluir, entre otras normas, los criterios de evaluación; elegibilidad; selección; rangos de financiamiento; viabilidad técnica y financiera, impacto social y cultural, entre otras materias. Por ello, se remarca en la resolución, es importante la elaboración y dictación del señalado reglamento.
Se agrega por parte de las y los diputados que el cumplimiento del plazo supone que la obligación se ha hecho exigible y, si bien comprenden que los procedimientos a veces pueden ser engorrosos, estiman importante considerar el contexto que vivimos, razón por la cual es de suma urgencia dotar de diligencia los procesos y actuar con la mayor celeridad posible.
“Es inconcebible que tras un año de que se hizo exigible la obligación de la dictación del reglamento, este aun no vea la luz, lo que es jurídicamente grave y tiene como consecuencia responsabilidades legales y políticas”, señala la resolución.