La Ley de Donaciones Sociales (Ley N°19.885) como herramienta fundamental para la sostenibilidad de empresas, fundaciones y corporaciones, fue el enfoque del encuentro que organizó en Chillán la División de Cooperación Publico Privada de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
La cita, que convocó a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temáticas para la superación de la pobreza, gremios y representantes del sector privado de la región, relevó temáticas de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 en Chile, además de los beneficios de mecanismos de sostenibilidad y su relación con las donaciones sociales. Todo ello, a través de un programa que contempló exposiciones, trabajo en grupos y un plenario final.
La seremi de Desarrollo Social Ñuble, Marta Carvajal, explicó que como gobierno interesa mucho la promoción de espacios entre organizaciones de la sociedad civil y el sector privado de la región para que, en conjunto, puedan desarrollar iniciativas que apunten a llegar a los territorios y comunidades que más lo necesitan, pero con una mirada de desarrollo sostenible.
Por su parte, el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Erick Solo De Zaldívar, precisó que el taller contribuyó a poder ilustrar a las diferentes empresas esta herramienta que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y que permite a diferentes instituciones contribuir a superar la pobreza, que es un desafío que nos convoca a todos, pero también, a través de esto, recibir beneficios tributarios.
En efecto, la Ley de Donaciones otorga un marco legal de funcionamiento y financiamiento público-privado a iniciativas con fines sociales, específicamente a proyectos cuya finalidad es apoyar personas en situación de vulnerabilidad social y/o discapacidad.
Nicole Romo, jefa de la División de Cooperación Público Privada, explicó que la Ley de Donaciones con fines sociales es una herramienta que permite elaborar proyectos, generar alianzas con el mundo privado, desde las organizaciones de la sociedad civil, donde el Estado y, en este caso el ministerio, hace un rol de garante de acreditar la calidad de estos proyectos y que las instituciones de la sociedad civil, que utilizan esta ley, cumplan con los requisitos normativos que exige.
La Ley 19.885 regula las donaciones que reciben las iniciativas del Banco de Proyectos, presentadas por instituciones pertenecientes al Registro de Donatarios. Además, regula la operación del Fondo Mixto de Apoyo Social que asigna recursos vía concurso público a proyectos ejecutados o por ejecutar.