Comisión aprobó en general establecer subvenciones a modalidad educativa de reingreso
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 10 votos a favor y una abstención, el proyecto del gobierno que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso (boletín 14309)
La propuesta legal establece subvenciones para niños, niñas y jóvenes entre 12 y 21 años que hayan estado al menos dos años fuera de los niveles educativos obligatorios del sistema escolar, a través de la modalidad educativa de reingreso.
El sistema estará compuesto por una subvención base de ingreso, que puede ser incrementada por factor de zona y de ruralidad, y una subvención especial por vulnerabilidad para estudiantes prioritarios y preferentes. No obstante, no podrá percibirse por parte de los estudiantes de un mismo establecimiento que perciban, además, la subvención a la educación de adultos.
Asimismo, solo podrán optar a este sistema los recintos educacionales que cuenten con el reconocimiento oficial del Estado y que impartan la modalidad educativa de reingreso. Además, deben destinar de manera íntegra y exclusiva el financiamiento que obtengan por concepto de esta ley a fines educativos, de acuerdo a lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1998, del Ministerio de Educación; y que, al menos el 15% de los alumnos del establecimiento sean prioritarios, entre otros varios puntos.
Para la Defensoría de la Niñez, representada por la abogada de la Unidad de estudios del organismo, Pamela Meléndez, quien planteó la preocupación por niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado; manifestó sus dudas sobre el límite regulatorio entre el decreto que aprueba la modalidad y el proyecto para determinar qué aspectos mínimos de la modalidad debiesen quedar fijados por ley.
Señaló que existe el desafío de balancear los importantes elementos de adaptabilidad y aceptabilidad con las exigencias de precisión del derecho público y las exigencias de la burocracia. Puntualizó que, en el fondo, se crea una modalidad flexible pero bajo un mecanismo de ejecución y financiamiento estricto como son las subvenciones.
En segundo lugar, la comisión abordó el proyecto de ley, de origen en mociones parlamentarias, que busca suspender la evaluación docente y la aplicación de las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) durante al año 2021, debido a la pandemia (boletines 14226, 14298 y 14300).
En este análisis expuso Jorge Manzi, director del Centro de Medición MIDE UC, que entre otros aspectos, recomendó establecer que la voluntariedad en la participación de la evaluación 2021 supone que toda evidencia requerida sea completada y entregada durante 2021. Es decir, no se debiera contemplar la posibilidad de realizar filmaciones de clases y corrección de dichas filmaciones en los primeros meses del año escolar 2022.
Además, planteó contemplar disposiciones que permitan dar flexibilidad al número de docentes a evaluar durante 2022, como consecuencia de la acumulación de profesores sin evaluación en los años 2020 y 2021, además de aquellos que correspondería evaluar, según el calendario previsto, en 2022.
En este sentido, detalló que un aspecto positivo es que el proyecto se tramita en un periodo del año que permite informar adecuadamente a las y los docentes acerca de las implicancias que tendría la participación en la evaluación 2021 o la eventual suspensión de la misma.
Sobre este proyecto, aprobado en general el pasado 22 de junio, la comisión acordó votar su articulado en la próxima sesión, a la espera de indicaciones que permitan perfeccionar la iniciativa.