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- Publicado hace 1347 dias
Economía despachó a Sala nueva prorroga en ley de servicios básicos
Legislativo
#1437 | 15 de Abril del 2021
La iniciativa extiende hasta el 30 de noviembre la medida y amplia del 60 al 80% los beneficiarios del Registro Social de Hogares.
En condiciones de ser analizado por la Sala de la Corporación quedó el proyecto de ley refundido que busca beneficiar a los usuarios de servicios básicos que se han visto afectados por la pandemia ante el próximo vencimiento de la ley 21.249, el 7 de mayo.
La citada ley dispuso, de manera excepcional, medidas a favor de los usuarios finales de los servicios sanitarios, electricidad y gas de red, fijando que las empresas distribuidoras de los servicios no podrán cortar el suministro por mora en el pago de los siguientes usuarios:
- Usuarios residenciales o domiciliarios.
- Hospitales y centros de salud
- Cárceles y recintos penitenciarios
- Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual
- Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
- Bomberos.
- Organizaciones sin fines de lucro.
- Microempresas, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño.
La comisión analizó las distintas fechas que se proponían y optó por la presentada por el diputado Miguel Mellado (RN) para extender este beneficio hasta el 30 de noviembre de 2021.
De igual manera, respaldaron una indicación presentada por el diputado Boris Barrera (PC) que amplía los beneficiarios del Registro Social de Hogares del 60 al 80%.
En la jornada estuvo presente el subsecretario de Economía, Francisco López, quien se refirió al origen de este beneficio el año 2020 y cómo ha sido su desarrollo durante los últimos meses.
Aseguró que ninguna familia se quedará sin servicios por no pagar su cuenta.
El superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, a su vez, mostró la evolución de las cifras de los convenios de clientes y la fiscalización para que operen de acuerdo a las reglas establecidas en la citada ley de servicios básicos.
Al respecto, señaló que la totalidad de convenios suscritos en la industria eléctrica son 178 mil. Un 60% de ellos se aprobaron en virtud del acuerdo voluntario suscrito por las empresas, previo a la vigencia de la ley. El 40% restante, 71 mil casos, fueron a partir de esta norma.
Añadió que al vincular estas cifras con los datos de morosidad que monitorea el organismo. De este modo, la situación previa a la pandemia, los morosos del sector eléctrico de clientes residenciales ascendía a 514.418, y 53.016 en el sector del gas de por red.
Lo anterior, puntualizó, demuestra que existía una base de morosidad no asociada a los efectos de la pandemia y que ya estaba en los saldos por cobrar.
En tanto, durante el periodo de pandemia, desde abril del año 2020 al día de hoy, el sector eléctrico ha incrementado la morosidad residencial en 168.912 clientes; lo que es relevante en consideración al número de convenios suscritos, que suman para estos efectos 173.071. Es decir, son mas convenios que la cantidad de morosos residenciales que agregó la pandemia.
Según las cifras, estos convenios han servido, incluso, para quienes venían con saldos anteriores al inicio de la pandemia. A juicio de Avila, por tanto, esta propuesta no es la medida que los ayudará a resolver su problema.
Un análisis, que según explicó, se da en forma similar en el sector del gas.
Origen de la propuesta
Esta nueva prorroga surge de refundir las dos iniciativas presentadas por parlamentarios.
En primer lugar, la moción de los diputados de la Bancada PS, que busca modifica la ley N° 21.249 que dispone de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, para extender su aplicación por el plazo que señala (boletín 14.156).
La segunda, en tanto, que prorroga la vigencia de la ley N° 21.249 que dispone de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red (boletín 14.157), corresponde a una moción de diputados de la Bancada DC.
Una tercera medida del proyecto aprobado es, ampliar el plazo de 36 a 48 meses para el pago de las deudas.
Finalmente, se respaldó que, si cumplido el plazo indicado y aun encontrándose vigente la declaración de Estado de Excepción de Catástrofe por pandemia del Covid-19 declarado en decreto, dichos plazos se extenderán hasta 60 días después de terminado dicho Estado de Excepción.
